domingo, 27 de julio de 2014

La Torre de David como metáfora

(Foto tomada de revolutiononarchitecture.blogspot.com)
Quizás es en el área de vivienda donde más claramente puede ver el contraste del discurso político basado en los derechos del pueblo, con una política pública que promueve la exclusión. Ciertamente, el déficit de viviendas es uno de los problemas más complejos a los que se enfrenta la población venezolana, especialmente en las áreas urbanas. Sin embargo, la construcción de viviendas reportó una importante caída a lo largo del gobierno del Presidente Chávez: mientras en los gobiernos anteriores, el promedio anual de viviendas construidas superaba las 60.000, esta ejecución disminuyó drásticamente,  situándose en un promedio de solo 20.000 viviendas por año hasta 2005.

A pesar de la falta de obras, el discurso reivindicativo exige gestos. Y el gesto más fácil porque transfiere a terceros todo el costo, es permitir que impere en las ciudades la ley de la selva y que cada quien tome / invada lo que pueda. Para el Estado venezolano el costo es cero, puesto que no construye, no crea urbanismo ni invierte en servicios públicos. El costo lo asume aquel privado que es propietario de un inmueble que resulta invadido o expropiado sin que le sea pagado el justiprecio. Pero también lo asume la comunidad de vecinos, obligada a convivir con estos territorios sin ley en que se convirtieron los edificios invadidos. Y también paga el costo el invasor, que aun cuando “toma aquello que se merece”,  en la práctica vivirá en un constante déficit de derechos.
El caso más emblemático en Caracas era la llamada Torre de David, imponente rascacielos en el centro financiero de la ciudad, abandonado inconcluso luego de la crisis bancaria de 1994. Allí se consolidó el “rancho más grande del mundo”, sin los servicios mínimos de saneamiento. Múltiples reportajes se han realizado sobre el espacio y sus habitantes, sus líderes, sobre las moto taxis que brindan el servicio de subir a la gente, dada la ausencia de ascensores. Mirado con asombro desde el exterior, este lugar apareció en series de TV y hasta obtuvo un premio de arquitectura. Pero a pesar de querer presentarse como ejemplo del pueblo empoderado, en realidad era la evidencia más cruel del desamparo resultante cuando el Estado abandona su papel como garante de los derechos ciudadanos.
Tal como muestra el reciente desalojo de la Torre de David, nuestro Estado socialista y bolivariano solo permitirá que los desamparados encuentren la forma de resolver sus carencias mientras no estorben. La Torre es del pueblo solo mientras no tenga un uso mejor. Y ya que nunca hubo derechos que salvaguardar, tampoco esperen programas de inserción y sustentabilidad a la hora del desalojo. Como quienes vivían en la Torre de David, estamos a merced de un Estado que solo vela por sus intereses. El desamparo es de todos.

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